El sistema penitenciario en el Perú es, lamentablemente, el eslabón débil que termina fortaleciendo al crimen organizado. Pocas veces se aborda este tema con la seriedad que merece, a pesar de ser uno de los pilares de la seguridad ciudadana. Mientras el debate público se centra en lo que ocurre en las calles, muchas de las órdenes delictivas se siguen dictando desde el interior de las cárceles.
Esa es la realidad: incómoda, pero innegable.
Durante mi gestión en temas de seguridad y mi labor actual en el Congreso de la República, he constatado que si no hay control en los penales, cualquier estrategia contra la delincuencia quedará incompleta. No basta con capturar criminales si estos continúan operando con impunidad tras las rejas.
Cárceles hacinadas, pero también fuera de control
El debate suele reducirse al hacinamiento. Si bien es un problema grave, no es el único ni el más crítico. Un sistema penitenciario puede ser precario, pero funcional si existe autoridad. El problema central en el Perú es que en muchos centros de reclusión el control estatal simplemente ha desaparecido.
Las organizaciones criminales mantienen comunicación constante con el exterior para coordinar:
- Extorsiones a nivel nacional.
- Sicariatos por encargo.
- Cobros de cupos ilegales
Cuando un penal se convierte en un centro de operaciones, el Estado pierde su autoridad básica. No son casos aislados; es un patrón que debemos romper con reformas legislativas urgentes.
La experiencia legislativa: enfrentar al crimen organizado
Desde el Congreso, he impulsado una propuesta concreta: la construcción de establecimientos penitenciarios de máxima seguridad para internos de alta peligrosidad. Esta no es una medida populista, es una necesidad operativa para la supervivencia del sistema.
¿Por qué es vital? Porque mezclar a internos primarios con cabecillas de mafias solo agrava el colapso. Los líderes del crimen organizado requieren un régimen diferenciado que garantice un aislamiento efectivo y un control real de las comunicaciones. Países que han recuperado su seguridad interna han entendido que el control de las cárceles es la pieza maestra de la estrategia.
Existe una resistencia ideológica a establecer regímenes diferenciados bajo la premisa de una «igualdad» mal entendida. Tratar bajo el mismo esquema a un delincuente primerizo y a un cabecilla que dirige redes criminales no es justicia, es irresponsabilidad. El sistema penitenciario en el Perú debe reconocer estas diferencias para proteger a la sociedad.
El error de tratar a todos los internos por igual
5 decisiones urgentes para recuperar los penales
Bloqueo total de comunicaciones: Recuperar el control tecnológico para que no se ordene ni un solo delito desde una celda.
Infraestructura de alta seguridad: Ejecutar proyectos de ley estancados para crear penales de régimen cerrado especial.
Inteligencia penitenciaria: Fortalecer el rastreo de redes internas y sus vínculos con el exterior.
Carrera penitenciaria digna: Personal del INPE capacitado, bien remunerado y protegido frente a amenazas.
Decisión política firme: Dejar de tratar el tema penitenciario como algo secundario en la agenda pública.
Reincidencia y autoridad del Estado
La seguridad no termina con la captura. Si el proceso falla dentro del penal, el delincuente sale fortalecido. La discusión de fondo sobre el sistema penitenciario en el Perú es, en última instancia, una discusión sobre la autoridad. Si el Estado no puede imponer la ley dentro de sus propios muros, difícilmente podrá garantizar la paz en las calles.
Lo que está en juego: autoridad del Estado
Al final, la discusión sobre el sistema penitenciario es una discusión sobre autoridad. Sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley incluso dentro de sus propias instalaciones.
Si no puede hacerlo ahí, difícilmente podrá hacerlo fuera.
Recuperar el control de los penales no es una opción técnica. Es una decisión política. Y es, además, una condición indispensable para enfrentar con seriedad el crimen organizado.
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